Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, ni tampoco otras personas relacionada con la actividad laboral.
Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de trabajo redundan en un mayor costo para el estado, por el costo del pago del seguro social para los discapacitados y del tratamiento médico, y la disminución de la fuerza laboral.
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